Fue una promesa de campaña y un anuncio del discurso del 1º de Mayo del Gobernador Suarez. Prevé la participación de todos los sectores vinculados a la economía, el ambiente y lo social como órgano de consulta para el Estado mendocino. La iniciativa fue presentada en la Legislatura para su evaluación a mediados de mayo.
Según detalla la iniciativa, el Consejo tendrá su sede en la Ciudad de Mendoza y contará con delegaciones en cada oasis productivo. El espacio actuará como entidad consultiva y su vinculación con el Ejecutivo provincial se dará a través de los ministerios de Economía y Energía y de Gobierno, Trabajo y Justicia, con Enrique Vaquié y Víctor Ibañez a la cabeza.
En cuanto a funciones, prevé la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo. Además, sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando sean remitidos para su consulta.
Por otro lado, prevé la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, proponer proyectos de impacto ambiental, social y económico, invitar a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.
Financiamiento
Uno de los puntos hace referencia a las fuentes de financiamiento a las que podrá acceder la institución. El texto detalla que el organismo podrá recibir partidas presupuestarias por parte del Gobierno de Mendoza, el Gobierno nacional y los municipios. Además, podrá recibir donaciones, subvenciones y aportes de cualquier naturaleza que sean otorgadas por personas o entidades públicas y privadas. En todos los casos, según remarca el proyecto, Contaduría General de la Provincia y el Ministerio de Hacienda dispondrán las medidas para su registración y afectación en caso que corresponda.
Designación de autoridades
De acuerdo con lo que refleja el texto del proyecto, el Consejo estará integrado por el presidente, que será propuesto por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; el vicepresidente, propuesto por el Ministerio de Economía y Energía, el secretario técnico y miembros representantes.
El vicepresidente sustituirá al presidente, en la forma que determine el Reglamento Interno, en los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad, y ejercerá las funciones que la reglamentación expresamente le delegue.
En cuanto a la duración de los mandatos, el presidente y el vicepresidente del organismo tendrán un mandato de dos años renovables por períodos de igual duración.
“Cada uno de los sectores tiene que proponer cuál será la forma de elección de quienes lo van a representar en aquellos casos que sea necesario. Más allá de que existen algunas representaciones en las que simplemente se hará la propuesta de la persona, en otros hay que ver cuál será el sistema bajo el cual se elegirán”, explicó Ibañez.
“Esta ley requiere de una reglamentación por la cantidad de miembros que lo componen, las distintas formas de elección y los mecanismos que se utilicen para su conformación”, subrayó el ministro.
En total serán más de 40 los miembros de la mesa, que serán distribuidos de la siguiente manera:
- Poder Ejecutivo: dos representantes.
- Poder Legislativo: dos representantes.
- Poder Judicial: dos representantes.
- Los ex gobernadores democráticos que expresen su voluntad de participar.
- Asociaciones sindicales de trabajadores: cinco representantes, cuatro representantes del sector privado y un representante del sector público.
- Organizaciones empresariales representativas de la industria, del comercio, del sector agrícola, del turismo, del desarrollo tecnológico, de la construcción, del sector hidrocarburífero y del sector minero: ocho representantes, uno por cada sector enunciado.
- Departamento General de Irrigación: un representante del Honorable Tribunal Administrativo.
Tribunal Administrativo
- Inspecciones de Cauce: un representante.
- Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la cultura: tres representantes.
- De los distintos credos de la provincia de Mendoza: un representante por la Iglesia Católica, un representante por el Judaísmo y un representante por las Iglesias Evangélicas. La reglamentación podrá prever la incorporación de representantes de otros credos reconocidos.
- Organizaciones de defensa de los consumidores: un representante.
- Economía social: un representante.
- Asociaciones o fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente: tres representantes.
- Universidades públicas: un representante de la Universidad Nacional de Cuyo, un representante de la Universidad Tecnológica Nacional.
- Universidades privadas: dos representantes.
- Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza: un representante.
- Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología a crearse: un representante.
- Cada uno de los colegios profesionales reconocidos por ley de la provincia de Mendoza: un representante.
- Los intendentes departamentales o los representantes que estos designen.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza