Según datos oficiales, Norton registra una deuda bancaria que supera los $44.000 millones, además de más de un centenar de cheques rechazados por montos que rondan los $ 1.100 millones. La empresa explicó que la decisión de acudir al concurso tiene como objetivo “asegurar la continuidad operativa y preservar las fuentes de trabajo”, en un contexto que se ha vuelto extremadamente complejo para el sector.
La bodega posee unas 1.200 hectáreas propias en Luján de Cuyo y trabaja con más de 140 productores asociados, por lo que su crisis no solo afecta a sus empleados directos, sino también a una extensa red de viñateros, contratistas, transportistas y proveedores. La incertidumbre generada por la demora en pagos y la caída de operaciones ya preocupa a toda la cadena productiva, que teme un efecto dominó sobre pequeños y medianos actores.
Para el empresariado mendocino la situación funciona como un termómetro de la fragilidad del sector. Norton es un símbolo del vino argentino en el mundo y su inestabilidad golpea la reputación internacional de la marca “Mendoza”. Además, la crisis puede repercutir en el acceso al financiamiento: bancos e inversores observan con cautela la performance del sector vitivinícola, lo que podría encarecer el crédito o frenar nuevos proyectos.
El caso se enmarca en un año particularmente adverso para la vitivinicultura argentina. Las ventas internas cayeron, las exportaciones retrocedieron y los costos de producción aumentaron muy por encima del tipo de cambio, erosionando la rentabilidad. A este escenario se suman dificultades logísticas, presión impositiva y una caída generalizada del consumo que afecta tanto a bodegas pequeñas como a grandes jugadores.
En este contexto, la crisis de Norton deja al descubierto un problema estructural: la industria enfrenta un punto de inflexión que exige repensar estrategias, mejorar la competitividad y fortalecer las relaciones entre empresas, productores y Estado. Para Mendoza, provincia cuya identidad y economía están íntimamente ligadas al vino, el desafío será evitar que esta situación se convierta en un precedente que profundice la incertidumbre y frene inversiones en un sector clave para el desarrollo regional.