La metalúrgica IMPSA fundada hace más de un siglo por la Familia Pescarmona fue estatizada en el 2021 por el Gobierno de Alberto Fernandez, momento en que el Estado Nacional desembolsó 15 millones de dólares para hacerse cargo del 63,7% de las acciones de la compañía, mientras que la provincia de Mendoza puso 5 millones para quedarse con el 21%. El 15,1% restante de las acciones quedaron en manos privadas, con el fideicomiso de acreedores reteniendo el 9,8% y la familia fundadora manteniendo el 5,3%.
El Gobierno provincial reconoció a Forbes que el plan siempre fue que la empresa volviera a manos privadas “La capitalización de los gobiernos era solo un puente”. Cabe destacar que se trataba de salvaguardar los más de 700 puestos de trabajo calificado que tiene la compañía, mientras se proyectaba obras de alto calibre para que convirtieran a IMPSA en una proveedora clave de insumos de mucho valor agregado como turbinas hidroeléctricas. Sin embargo, estas obras no lograron ver la luz y la empresa siguió arrojando una fuerte pérdida operativa mensual que superaría el millón de dólares.
La firma de la carta de intención, programada para las 12:30 horas, la cual marcará el inicio del proceso de venta de esta histórica empresa mendocina que será la primera privatización de Javier Milei. En el momento de la estatización, Impsa enfrentaba una grave crisis debido a problemas con sus negocios en Brasil y Venezuela, así como a la reducción de proyectos en Argentina. La inyección de capital estatal permitió iniciar un proceso de recuperación que se detuvo con el cambio de administración nacional a finales del año pasado.
Según fuentes del sector metalúrgico, la empresa estaba recuperando negocios y capital de trabajo hasta diciembre, cuando muchos proyectos financiados por la Nación se frenaron. El nuevo CEO de Impsa, Horacio Aldo Chighizola, ha sido designado para gestionar y ejecutar la transición hacia la venta. Con un contrato temporal de 12 meses, es responsable de concretar la venta en representación del accionista mayoritario, el Estado nacional.
La empresa, que trabaja en proyectos como la represa Yacyretá, emplea a unos 720 trabajadores. Juan Pazo, secretario de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, señaló que la compañía estadounidense se compromete a pagar los sueldos de los empleados durante los próximos dos meses hasta concretar la privatización total del capital accionario.