El Gobierno de Mendoza aprobó un protocolo administrativo que habilita la intervención preventiva sobre propiedades privadas abandonadas o usurpadas cuando estas representen un peligro para la seguridad pública y ciudadana. La medida fue formalizada a través de una resolución oficial y establece un procedimiento para actuar sobre inmuebles que se encuentran en estado de abandono, muchos de los cuales se convierten en focos de delitos y deterioro urbano.
El nuevo marco no implica expropiaciones ni cambios en la titularidad de los bienes. El protocolo permite realizar acciones como el cierre perimetral de inmuebles, tapiados, clausuras parciales y, en casos excepcionales, demoliciones de sectores que presenten riesgo estructural. El objetivo es reducir situaciones de inseguridad sin afectar el derecho de propiedad ni recurrir a procesos judiciales extensos.
Desde el punto de vista económico, la iniciativa podría tener efectos directos sobre el mercado inmobiliario. Las propiedades abandonadas tienden a depreciar el valor de las viviendas cercanas y a desalentar proyectos privados. La intervención estatal busca mejorar la percepción de seguridad en los barrios, un factor clave para reactivar inversiones inmobiliarias en zonas urbanas degradadas o con bajo nivel de desarrollo.
Otro impacto esperado es la reducción de costos para los municipios. Los inmuebles en estado de abandono generan gastos permanentes en controles, limpieza y operativos de seguridad. Con un protocolo unificado, las comunas podrán actuar de forma más rápida y ordenada, liberando recursos para obras de infraestructura y programas de recuperación urbana.
La norma también prevé la firma de convenios entre la Provincia y los municipios para coordinar la detección de inmuebles problemáticos y la aplicación de las medidas. Esto implica que la efectividad del protocolo dependerá en gran medida de la gestión local y de la capacidad operativa de cada departamento para sostener las intervenciones en el tiempo.
Para el sector inversor, la resolución envía una señal vinculada a la seguridad jurídica y al orden territorial. Al no habilitar expropiaciones, el esquema refuerza la protección de la propiedad privada, uno de los principales factores que analizan desarrolladores y compradores al evaluar proyectos inmobiliarios.
Si bien la herramienta apunta a mejorar el control urbano, especialistas advierten que su impacto dependerá de una implementación sostenida y de la articulación entre áreas de seguridad, obras públicas y municipios. Además, el protocolo no reemplaza políticas integrales de desarrollo urbano y vivienda, pero puede funcionar como un primer paso para ordenar sectores críticos.
En este contexto, el nuevo protocolo para intervenir propiedades abandonadas se presenta como una medida que busca combinar seguridad pública con orden urbano, con potencial impacto en la valorización de zonas deterioradas y en el atractivo de Mendoza como destino para inversiones inmobiliarias.