El Hotel Hilton fue sede este martes del Mendoza Real Estate Summit 2026, organizado por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de Mendoza (CEDUM). La jornada reunió a desarrolladores, inversores, economistas y funcionarios. Entre los distintos ejes, uno se repitió en casi todas las exposiciones: la infraestructura de servicios es hoy el principal freno para que los proyectos inmobiliarios se concreten.
La mirada del Gobierno
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, planteó que el desafío es dejar de ver el inmueble como refugio de valor y convertirlo en una actividad productiva. Según sus palabras, hay que “pasar del ladrillo como refugio a una actividad de economía real”.
Mema explicó que la desinversión de más de una década en tarifas dejó un déficit de redes que ahora deberá cubrirse con obras. Informó que la Provincia licita un crédito del BID por US$ 150 millones para renovar los últimos colectores cloacales en la zona de Corralito. Adelantó también que se evalúan factibilidades condicionadas al avance de esa obra, para no frenar nuevos emprendimientos.
El ministro anunció además la unificación de los registros inmobiliarios bajo un solo código. Apunta a terminar con la superposición de trámites entre Catastro, Irrigación y las empresas de servicios. Un relevamiento con drones en el Gran Mendoza detectó que, de 140 millones de metros cubiertos, 18 millones no estaban declarados.
Sobre el financiamiento, Mema calculó una demanda de unas 30.000 familias con capacidad de ahorro inicial y de pago de cuota. Convocó a los desarrolladores a ofrecer financiación directa.
La voz del sector privado
Marcelo De Blasis, presidente de CEDUM, defendió el peso del rubro en la economía. Según sus datos, cada millón de dólares invertido genera 23 empleos directos y 12 indirectos. Reportó una caída del 40% del crédito hipotecario entre 2025 y 2026. Propuso un régimen provincial de incentivos con estabilidad fiscal por diez años, ventanilla única y un fondo de garantías. Planteó además una mesa técnica permanente con las prestadoras y los municipios, porque las demoras en las redes terminan, dijo, trasladándose al precio final.
Damián Tabakman, presidente de CEDU, advirtió que los costos suben y no pueden trasladarse a precios. Reclamó para el sector un régimen similar al RIGI: “nos merecemos nuestro propio RIGI”. Valoró la habilitación de fondos del FGS para financiar desde el pozo, aunque aclaró que falta que los bancos la apliquen.
Los intendentes: menos trabas, pero con servicios
En el panel “Menos trabas, más obra”, moderado por De Blasis, participaron los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez; Guaymallén, Marcos Calvente; Godoy Cruz, Diego Costarelli; y Luján de Cuyo, Esteban Allasino.
Calvente destacó los resultados de “Guaymallén Invierte con Vos”, lanzado en mayo de 2025. La documentación de obras nuevas pasó de 8.000-10.000 m² mensuales a picos de 40.000 m². La inversión estimada subió de US$ 300 a US$ 500 millones. Para un edificio de unos 40 departamentos, el trámite lleva “tres semanas, cuatro semanas”. Está en tratamiento un régimen que prevé exenciones por 20 años para proyectos de más de US$ 4 millones. Sin embargo, el intendente advirtió que el obstáculo ya no es el municipio, sino la factibilidad de agua y cloacas, y propuso una mesa metropolitana. Presentó también un plan bienal de 75 obras.
Costarelli, de Godoy Cruz, puso el foco en la digitalización. El municipio trabaja con el Conicet en un agente de inteligencia artificial que detecte errores en los planos. Aseguró que el permiso de inicio puede obtenerse en un máximo de 20 días y que hay más de 1.500 unidades en construcción. Defendió además que las tasas guarden relación con la calidad del servicio.
Allasino, de Luján de Cuyo, destacó el sistema de declaración jurada profesional para empezar obras sin esperar la revisión completa. Planteó crecer de forma compacta sobre el corredor del metrotranvía y proteger el piedemonte y las zonas vitivinícolas. Propuso, además, captar plusvalías de las tierras que se benefician con obra pública.
El tema central
La burocracia, que durante años concentró los reclamos, quedó en segundo plano. Las propias comunas muestran plazos de entre 20 días y pocas semanas. Lo que condiciona la inversión es la capacidad de las redes de agua y cloacas y el acceso al crédito. Con la hipoteca en baja, el negocio inmobiliario depende de resolver esos dos frentes.