La Dirección de Hidrocarburos de Mendoza, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, trabaja junto con las provincias productoras agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos para que el proyecto de Ley de Hidrocarburos propuesto por el Gobierno nacional sea más federal, contemple a las pymes e incentive a productores de menor volumen que no tengan capacidad o infraestructura para exportar.
En julio, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Salta, Jujuy y Formosa enviaron una nota a Nación solicitando participar en algunos ejes del proyecto, que, según los primeros borradores, autorizaría a las petroleras a exportar hasta 50% de la producción incremental de petróleo que sumen al mercado. También se las habilitaría a liquidar fuera del país un porcentaje de las divisas generadas.
Pero las pymes petroleras y las provincias solicitan trabajar en conjunto para la ley definitiva, para que la reglamentación no apunta sólo a quienes tienen capacidad exportadora por infraestructura o ubicación geográfica.
“Se pusieron a consideración algunos comentarios sobre lo que nos ha llegado del proyecto, ya que no se cuenta con un borrador definitivo”, apuntó el secretario de Hidrocarburos de Mendoza, Estanislao Schilardi. “Hace tiempo que venimos trabajando con la Ofephi para lograr una mirada más federal”, sostuvo.
La nota de la Ofephi elevada a la Nación asegura que el régimen que se apruebe debe posibilitar las inversiones “en todas y cada una de las provincias productoras de hidrocarburos, considerando las particularidades entre tipo de explotación y cuencas”.
De hecho, aseguran que la forma en la que está redactado el proyecto generará mayor concentración de beneficios en las cuencas con mayores posibilidades de exportar, que son las que tienen caminos, cercanía a puertos y mayor volumen de producción.
“Las cuencas que por su ubicación geográfica o infraestructura no tienen posibilidades de exportar podrían verse relegadas, provocando un mayor desequilibrio entre regiones”, observa la nota.
Además, las provincias sugieren agregar a la ley beneficios impositivos adicionales a pequeñas empresas o beneficios alternativos para que la producción no quede concentrada y muchas zonas de Argentina estén relegadas.
“Respecto de la recuperación secundaria y/o terciaria, el proyecto contempla un monto mínimo de US$ 150 millones a invertir en hasta tres años. A priori, dicho monto y plazo no reflejaría la realidad de posibles proyectos convencionales en la mayoría de nuestras provincias, dejando fuera de alcance de los beneficios del régimen a una gran cantidad de pymes operadoras que trabajan y generan trabajo”, agrega la nota. Con este régimen, además, posibles proyectos piloto de recuperación terciaria quedarían fuera de los beneficios.
Las provincias también solicitan mayor participación en el Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, ofreciendo toda la colaboración para aportar ideas que lleguen a grandes, medianos y pequeños productores.
“Creemos necesario que se trabaje previamente con las provincias en lo que se quiera incluir en el proyecto respecto a las interpretaciones y definiciones”, afirma la nota. También sugiere tener mayor información sobre temas puntuales, como qué facultades tendrá el Gobierno nacional para otorgar beneficios y qué pasará con las inversiones de alto riesgo o las importaciones temporarias de bienes y equipos que no estén disponibles en el país.
Por último, las provincias expresan su preocupación para que la ley nacional no debería interferir con las “facultades o atribuciones” de las provincias en materia impositiva o de regalías.
La preocupación por la nueva ley también se ve reflejada en las pymes. El Observatorio para el Desarrollo Industrial del Petróleo y el Gas Argentino, que nuclea a 1.500 empresas productoras de bienes y servicios para el sector, pidió tener participación en la redacción del proyecto
“En función de la magnitud del proyecto de ley de referencia, su trascendencia para el país e incluso sus riesgos debe ser asumido como una iniciativa de carácter nacional e integral, a acompañar por un programa industrial complementario que incluya acciones para la articulación armónica de la cadena de producción, evitando la reiteración de medidas que, en pos del otorgamiento de beneficios a ciertos sectores, generan la desprotección de otros”, aseguraron la empresas que nuclean alrededor de 100.000 puestos de trabajo.
Las reuniones de Mendoza con las provincias de la Ofephi continuarán y las provincias se han ofrecido a trabajar en conjunto en una ley que, básicamente, debe ser equitativa y mantener los cientos de miles de empleos que generan los productores con menor capacidad de inversión y menores volúmenes de producción.