La posibilidad de quedarse sin señal de telefonía móvil en medio de un incendio, un temporal o una emergencia podría dejar de ser un problema si prospera un proyecto de ley presentado por el mendocino Manuel Verdaguer, titular de la Fábrica de Prevención. La iniciativa busca crear el Sistema de Roaming Nacional de Emergencia (RNE), un mecanismo que permitiría a los usuarios conectarse automáticamente y sin costo a la red de cualquier operador que permanezca operativo cuando su compañía sufra una interrupción del servicio.
La propuesta apunta a resolver una situación frecuente durante eventos climáticos extremos o fallas críticas de infraestructura: aunque una empresa de telefonía quede fuera de servicio, las redes de otras operadoras suelen continuar funcionando en la misma zona, pero los usuarios no pueden utilizarlas por las limitaciones del sistema actual.
Según el proyecto, la conectividad en escenarios de emergencia debe ser considerada una herramienta esencial para preservar la seguridad de las personas, facilitar los pedidos de auxilio, coordinar rescates y mantener informadas a las familias.
Cómo funcionaría el sistema
El proyecto establece que el Roaming Nacional de Emergencia se active de manera automática cuando exista una declaración oficial de emergencia o cuando un operador registre la caída de más del 50% de sus radiobases durante más de dos horas en una determinada región.
En ese momento, los teléfonos afectados podrían registrarse en la red disponible de otra empresa, sin necesidad de realizar configuraciones manuales ni afrontar costos adicionales.
Además, durante la emergencia se priorizaría el tráfico de llamadas destinadas a servicios esenciales como bomberos, policía, defensa civil y sistemas sanitarios, así como la difusión de alertas oficiales. Para evitar la saturación de las redes, el proyecto prevé restringir temporalmente aplicaciones de alto consumo de datos, como las plataformas de streaming.
Sin costo para los usuarios
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que el servicio sea completamente gratuito para quienes resulten afectados por una emergencia.
En paralelo, el proyecto contempla un mecanismo para compensar económicamente entre las empresas el tráfico cursado durante estos episodios, mediante valores técnicos regulados. En casos excepcionales podrían utilizarse recursos del Fondo del Servicio Universal, buscando que el sistema sea sostenible sin generar un impacto significativo para el Estado ni desalentar las inversiones privadas en infraestructura de telecomunicaciones.
Adaptación técnica en 90 días
La propuesta establece que, una vez reglamentada la ley, las empresas prestadoras de servicios móviles dispondrán de un plazo de 90 días para realizar las pruebas técnicas, adecuaciones e interconexiones necesarias que permitan poner en funcionamiento el sistema.
El proyecto ingresará en las próximas semanas al Congreso para comenzar su tratamiento en comisiones, donde buscará el respaldo de distintas fuerzas políticas por tratarse de una iniciativa vinculada con la protección civil y la gestión de emergencias.
Para Verdaguer, el cambio climático y el incremento de eventos extremos obligan a pensar en herramientas preventivas. En ese sentido, sostuvo que la legislación debe anticiparse a las crisis y promover mecanismos de cooperación entre el Estado y el sector privado que garanticen la continuidad de las comunicaciones cuando más se necesitan. Un objetivo que, además de fortalecer la respuesta ante emergencias, podría convertirse en un paso hacia sistemas de alerta temprana más eficientes en todo el país.