Impsa volvió a Venezuela. Casi veinte años después de haber ganado la licitación que la llevaría a instalar turbinas en una de las mayores centrales hidroeléctricas del país caribeño, la metalúrgica mendocina firmó el acuerdo definitivo que reactiva ese proyecto, uno de los capítulos más accidentados de su historia reciente. La noticia, publicada por La Nación, tiene como protagonista a una empresa que atravesó quiebra, estatización y privatización antes de volver a poner en marcha uno de sus negocios internacionales más ambiciosos.
Qué anunció la empresa
El acuerdo, firmado en Caracas con la estatal Corpoelec, contempla la rehabilitación y modernización de las centrales de Tocoma y Macagua, con el objetivo de recuperar 672 megavatios (MW) de capacidad de generación en un plazo de 24 meses. Según trascendió, en los próximos 90 días la compañía prevé sumar 160 MW al sistema eléctrico venezolano mediante la puesta en marcha de dos unidades de Macagua, y luego incorporará otros 80 MW en un año con una tercera unidad de esa misma central. En Tocoma, la primera etapa apunta a recuperar 432 MW.
La firma del acuerdo tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, con presencia de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y de la cúpula directiva de Impsa. El plan integral que la empresa negocia con Corpoelec es todavía más ambicioso: contempla llegar a 2.640 MW entre ambas centrales, aunque esa expansión mayor requerirá de nuevas etapas de negociación.
De Pescarmona a los fondos de EE.UU.: una historia con final abierto
Para entender el peso de este anuncio hay que repasar el recorrido de la empresa. Fundada y controlada durante décadas por la familia Pescarmona, Impsa llegó a ser una de las metalúrgicas más importantes de Latinoamérica, con presencia en energía hidroeléctrica, eólica, grúas portuarias y componentes nucleares. En 2008, bajo los gobiernos de Cristina Kirchner y Hugo Chávez, la compañía ganó la licitación para proveer diez turbinas a la central de Tocoma por unos US$520 millones. El proyecto nunca se completó: Venezuela interrumpió los pagos entre 2013 y 2014, y buena parte del equipamiento quedó varado, en lo que se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera que golpeó a la empresa en los años siguientes.
Esa crisis llevó a Impsa a entrar en cesación de pagos en 2014. La familia Pescarmona perdió el control de la compañía y, en 2021, el Estado nacional pasó a controlar el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza sumó otro 21,2%, en un intento de sostener a una de las empresas industriales más importantes de la provincia. El escenario volvió a cambiar con la llegada de Javier Milei al Gobierno: en febrero de 2025, Nación y Mendoza vendieron sus acciones al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), en lo que se convirtió en la primera privatización de la gestión libertaria.
Qué le aporta a Mendoza
Aunque la operación con Venezuela se define y ejecuta lejos de la provincia, Impsa sigue siendo una de las industrias metalúrgicas más relevantes de Mendoza, con plantas y mano de obra especializada radicadas en el Gran Mendoza. La reactivación de un contrato internacional de esta magnitud —que según trascendió se dio en paralelo a una reestructuración de una deuda cercana a US$600 millones— es una señal de recomposición financiera para una compañía que supo emplear a miles de mendocinos y que atravesó años de incertidumbre sobre su continuidad. Un repunte en su actividad internacional impacta directamente en la demanda de ingeniería, manufactura especializada y empleo calificado que la empresa sostiene en la provincia.
El regreso a Venezuela, además, fue posible por un cambio de escenario político mayor: la intervención de Estados Unidos que derivó en la caída de Nicolás Maduro destrabó sanciones que hasta hace poco impedían avanzar en las negociaciones con Corpoelec. Para Impsa, hoy bajo control de capitales estadounidenses, ese giro geopolítico terminó de abrir la puerta a un negocio que llevaba casi dos décadas congelado.