El comunicado manifestó: “Se trata, una vez más, de buscar financiar un Estado cada vez más grande sin desarrollo serio de la economía con el consiguiente impacto en la inflación –el impuesto más regresivo que existe que más afecta a los que menos tienen- y en el desaliento de inversiones en un contexto de reglas cambiantes que, en este caso, rozan lo absurdo y ponen en alerta a la propiedad privada, así como al trabajo genuino. Todo esto en un país en donde, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) se pagan al menos 165 impuestos diferentes en los distintos estamentos del Estado.”
Además, hizo referencia a la alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas que tengan una renta significativa mucho mayor en 2022. Con una importante sensibilidad sobre la problemática sumó: “No hay que olvidar que el proyecto debe pasar por el Congreso Nacional dado que es un nuevo impuesto por lo que también se hace un llamado a la racionalidad por parte de los legisladores nacionales.
Aunque la propuesta explica que si existe reinversión dicha renta será menor, se trata de una falacia ya que –en el contexto actual- la mayoría de las empresas subsisten y no pueden pensar en ampliarse o invertir debido a las condiciones macro, así como a la inexistencia de crédito para la producción. Por otro lado, el hecho de que se pretendan gravar “márgenes de ganancia anormalmente elevados” o “ganancias netas con aumentos significativos” otorga un marco de discrecionalidad que ningún ente recaudador debería detentar en un Estado de Derecho.
Así como sucedió con el llamado Impuesto a las Grandes Fortunas, el actual gobierno ha vuelto a quedarse sin ideas para salir de la crisis económica existente, así como demuestra que su apuesta no es a la producción o el trabajo sino al aumento de gastos del Estado que –está demostrado- no ha servido para salir de la difícil situación que atraviesa el país”.
Las autoridades de la UIM manifestaron que, en esta misma línea, ni desde la actual dirigencia que hoy gobierna, pero tampoco desde la oposición, han surgido propuestas de reducción de gastos de la política o, al menos, de redirección de los mismos hacia áreas que realmente lo necesitan como salud, seguridad y educación para que no sean más gastos y se conviertan en inversión del Estado con el objetivo de aportar a la calidad de vida de una población empobrecida. La UIM repite que la presión fiscal, la burocracia y las reglas que cambian de manera continua atentan contra la producción, la creación de trabajo genuino, la inversión que tracciona el desarrollo económico al tiempo que se alienta la incertidumbre, la suba de precios y la pobreza que no deja de crecer”.