La vitivinicultura argentina enfrenta una realidad fiscal asfixiante: entre el 57% y el 62% del excedente de una finca o una bodega se lo lleva el Estado en impuestos, casi el doble de lo que se tributa en países competidores como Chile. Así lo revela una actualización del informe elaborado por los economistas Alejandro Trapé y Juan Pott Godoy, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a pedido de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Los datos, actualizados a 2025, muestran con crudeza el peso del sistema tributario sobre el corazón productivo del vino argentino: Una finca promedio destina el 57,1% de su excedente puro de explotación al pago de impuestos, mientras que una bodega, el 62,4%. Si se trata de una finca pequeña, el porcentaje trepa al 61,2% y si es una bodega pequeña, al 63,4%.
Este excedente puro se calcula como la diferencia entre ingresos totales y costos, excluyendo impuestos. Es decir, lo que realmente queda como margen empresarial, antes de tributar.
Una presión impositiva que casi duplica a la chilena
La comparación con Chile es contundente. En el país trasandino, una finca tributa en promedio el 33,3% de su excedente. Y una bodega, el 42,4%. Ambos muy por debajo de los valores argentinos, lo que pone en evidencia una desventaja competitiva estructural.
Incluso dentro de la región, Argentina está por encima de Brasil (40,4%) y de su propio promedio nacional (37,7%), e incluso de la media impositiva para actividades económicas en Mendoza, que es del 39%.
¿Qué impuestos pesan más?
El informe no sólo mide la carga total, sino que también identifica a los responsables del peso fiscal. En el caso de una bodega integrada (que produce su propia uva y elabora el vino), los tres impuestos más significativos son:
Impuesto a las Ganancias: 20,8 puntos porcentuales del total.
Impuestos al trabajo (cargas patronales y laborales): 17,1 puntos.
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (el “impuesto al cheque”): 10,9 puntos.
El impuesto provincial de Ingresos Brutos apenas representa 3,4 puntos, lo que confirma que el grueso de la presión tributaria proviene de la Nación.
Una tendencia en alza desde 2017
Cuando se inició esta serie de estudios en 2017, la presión fiscal ya era elevada, pero ha ido en aumento:
Para una finca, creció del 45% al 57,1% en ocho años.
Para una bodega, del 58% al 62,4%.
Esto indica una carga fiscal que no solo es alta, sino creciente, lo que erosiona sistemáticamente la rentabilidad del sector.
Un desafío urgente para la competitividad
La vitivinicultura no solo es una actividad económica clave para Mendoza y otras provincias productoras, sino que representa una marca país reconocida a nivel internacional. Sin embargo, competir en mercados globales con semejante presión fiscal es cada vez más difícil.
“Este nivel de carga impositiva es insostenible a largo plazo y atenta contra la competitividad externa del vino argentino”, aseguran los investigadores de la UNCuyo.
Desde el sector reclaman una revisión urgente del esquema tributario que contemple la realidad productiva y exportadora de la vitivinicultura. El objetivo: liberar recursos para inversión, modernización y empleo, en lugar de seguir engrosando un sistema fiscal que no distingue entre sectores estratégicos y actividades de bajo valor agregado.
El dato que resume todo
En una bodega mendocina que produce su propia uva, sobre cada $100 de ingreso, $81 se van en costos y $12 en impuestos, quedando apenas $7 como resultado empresario neto. Una ecuación que, lejos de fomentar, desalienta el desarrollo.
La vitivinicultura argentina sostiene con esfuerzo una copa que se llena de talento y trabajo, pero se vacía en manos del fisco. Tal vez sea hora de repensar cuánto más puede brindar antes de que deje de brindar.