El CCPIM tiene un comité de acción fiscalizadora que hace seguimiento tanto de ilegales como del mal ejercicio de la profesión por parte de los corredores. Este tiene una segunda acción que es el Tribunal de Ética y Disciplina que sanciona al mal ejercicio profesional y tiene facultades para sancionar a los que cometen ilegalidades en el ejercicio de la profesión (como préstamos de matrícula o usurpación de título).
“Si la franquicia inmobiliaria estuviera constituida por profesionales matriculados, el Colegio no tendría objeción, lo que es dañino es que intervenga gente que no tiene formación ni están matriculados. De hecho, la ley permite que dos matriculados se asocien” comenta Rosta y agrega: “Hay provincias que tienen el poder de policía y pudieron cerrar las agencias franquiciadas como es el caso de Entre Ríos. Nuestra ley no tiene esa facultad. Detectamos los ilegales, se realiza un proceso administrativo”.
Si bien Remax es una franquicia conocida a nivel internacional, surge permanente franquicias inmobiliarias con menos renombre que también deben ser reguladas por el Tribunal. “En tiempos difíciles, hay gente que se queda sin trabajo y este tipo de prácticas abre expectativas falsas, ya que algunas agencias captan por un periodo de tiempo a las personas ante la urgencia, absorben contactos y aportan a la franquicia un caudal de propiedades. Cuando se realiza la operación y comienzan a ver los descuentos que genera y que no ganan tanto, pero se sienten incentivados para salir al mercados solos, se abren subfranquicias con otros nombres, por eso el efecto multiplicador es aún más peligroso.