Cruce por la Coviar: entre el centralismo porteño y la búsqueda de desregulación

El anuncio de un proyecto de ley que propone derogar la Ley 25.849 –norma que dio origen a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar)– agitó el avispero del sector vitivinícola argentino. Desde la entidad, que articula a más de 30 instituciones ligadas a la cadena del vino y el mosto, advirtieron que se trata de “una medida inconsulta, sin análisis técnico, y que representa un nuevo ataque del centralismo porteño”.

El comunicado difundido por Coviarno ahorra críticas: apunta directamente a un legislador porteño como impulsor del proyecto, y sostiene que el intento de eliminación de la corporación no solo ignora el rol estratégico que cumple el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), sino que también pone en juego el federalismo y la representatividad de las economías regionales. “La vitivinicultura exige ser entendida, respetada y alejada de toda improvisación”, afirma el documento, respaldado por 33 entidades de todo el país.

Desde Coviar destacan que su financiamiento es mínimo –equivale al 0,019% del precio de una botella de vino–, y que su rol ha sido clave para posicionar al país entre los principales exportadores de vino y jugo concentrado de uva del mundo. “No se trata de una cámara ni de un sindicato, sino de una política de Estado construida por el propio sector privado”, enfatizan.

Sin embargo, no todas las voces mendocinas coinciden en esta defensa. El Consejo Empresario Mendocino (CEM) manifestó su apoyo a la derogación de la ley, argumentando que se trata de una medida que favorece la desregulación, reduce la carga impositiva y promueve un modelo económico más eficiente. “Es necesario generar más competitividad como eje central para lograr una baja sustentable del ‘costo argentino’”, señalan en su comunicado, en línea con el ideario liberal del nuevo gobierno nacional.

La postura del CEM no sorprende, pero sí incomoda a una parte del sector vitivinícola local, que ve en la Coviar una herramienta de articulación público-privada clave para la proyección internacional del vino argentino y la defensa de una identidad regional.

En este escenario tenso, la voz del ministro de Producción de Mendoza, Alfredo Araujo Vargas Arizu, se torna fundamental. Consultado sobre el tema, el funcionario expresó que “es indispensable preservar los instrumentos que el sector vitivinícola ha creado con esfuerzo y consenso, como el PEVI y la Coviar. Eso no significa que no debamos revisar y mejorar su funcionamiento, pero su eliminación arbitraria sería un retroceso”.

Vargas Arizu reconoció que “hay que discutir los aportes obligatorios y la eficiencia institucional”, pero advirtió que “una desregulación sin diálogo ni diagnóstico puede dañar una economía regional clave como es la vitivinicultura”.
La discusión recién comienza, pero ya dejó en evidencia un viejo dilema no resuelto: ¿quién toma las decisiones sobre las políticas productivas en Argentina? ¿Los centros de producción del interior o el Congreso desde el AMBA?