De acuerdo con el requerimiento fiscal, la investigación reunió pruebas suficientes para avanzar a la instancia de juicio oral y público. “La materialidad del hecho, la autoría y la responsabilidad penal de los imputados se encuentran acreditadas”, señala la resolución.
Un caso con impacto en la industria
El proceso judicial investiga múltiples irregularidades en los estados contables de la federación, entre ellas:
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Simulación de un aporte de capital inexistente, registrando la Bodega Resero como si hubiera habido transferencia patrimonial efectiva.
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Sobrevaluación patrimonial en 2022, elevando el valor contable de Resero de 175 millones de pesos a más de 6.000 millones.
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Ocultamiento de pasivos y acuerdos, por más de 3.600 millones de pesos y 26,5 millones de dólares.
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Omisión de pedidos de quiebra que estaban en curso al momento del cierre contable.
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Incumplimiento de acuerdos utilizados para justificar pagos inexistentes en balances posteriores.
Según la pericia contable oficial, las maniobras habrían generado un impacto económico superior a los 100 millones de dólares entre ganancias ficticias y pasivos ocultos.
“Se engañó a la industria”
Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa —empresas querellantes—, aseguró que la falsificación tuvo una doble finalidad: “esconder la estafa contra Iberte y Evisa y ocultar pasivos millonarios que deberán afrontar los cooperativistas”.
El letrado agregó que la manipulación de balances también engañó “al sistema financiero, clientes, proveedores y a toda la industria, ya que con esos estados contables Fecovita solicitó créditos bancarios”.
Próximos pasos
Con la elevación a juicio, resta fijar fecha para el debate oral y público. Aguinaga adelantó que “estamos cada vez más cerca de una sentencia condenatoria”.
Además de la causa por balances falsos 2021-2022, los directivos de Fecovita están imputados por irregularidades en el balance 2023 y denunciados por falsear el estado contable 2024. También pesan sobre algunos de ellos imputaciones por estafa, confirmadas por el Juzgado de Garantías y la Cámara de Apelaciones.
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