Diego Javier Caseres, Néstor Andrés Guerrero y la sociedad anónima RENG constituida por Pedro Milcovich y Jorgelina Berrio apelaron la resolución tras haber sido sentenciados, pero la Corte Suprema de Justicia Provincial falló a favor del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, sentando precedente ante la empresa internacional.
La justicia rechazó una acción procesal administrativa de presentación por Diego Javier Cáceres, la cual buscaba que se dejara sin efecto una multa impuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio por su actuación como intermediario en operaciones inmobiliarias sin tener el título y la matrícula profesional necesaria, concluyendo que el accionante bajo el amparo de una marca que no le pertenecía intervino en operaciones de corretaje para las que era exigible la matrícula profesional. El fallo confirmó la legalidad de la multa impuesta por el Colegio de Corredores Inmobiliarios a Cáceres por ejercer la profesión sin la matrícula necesaria y rechazó sus argumentos de inconstitucionalidad.
Por otro lado, la Secretaria Legal y Técnica de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió un recurso de apelación interpuesto por la sociedad anónima RENG y los matriculados Pedro Milcovich y Jorgelina Berrio vinculados a la franquicia inmobiliaria Remax contra una resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, la cual impuso la sanción de cancelación de la inscripción en la matrícula profesional como corredores públicos inmobiliarios a los recurrentes, atribuyéndoles la infracción de facilitar, posibilitar y encubrir el uso de su matrícula a terceros no matriculados, lo cual infringe la ley y el código de ética de la profesión.
En este caso, la Corte resolvió parcialmente a favor de los recurrentes al reducir la sanción impuesta, pero confirmó que cometieron infracciones a las normas de la profesión de corredores inmobiliarios al permitir y encubrir que terceros no matriculados utilicen sus matrículas para ejercer el corretaje inmobiliario. La Corte Provincial argumentó que la Provincia de Mendoza tiene la facultad de regular el ejercicio de las profesiones liberales, incluyendo la de corredor público inmobiliario, a través de su legislación local.
Néstor Andrés Guerrero apeló la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina que impuso la sanción de cancelación de la inscripción en la matrícula profesional como corredor público inmobiliario. El Tribunal demostró que el matriculado había facilitado, encubierto y posibilitado el ejercicio ilegal de la actividad de corredor público inmobiliario a terceros no matriculados (agentes), infringiendo así la ley y el código de ética e imponiéndole la sanción de cancelación en la matrícula. Se resuelve hacer lugar parcialmente al recurso presentado, confirmando la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina en cuanto a los hechos e infracciones atribuidas al matriculado, pero revocando la sanción de cancelación de matrícula, imponiendo la sanción del máximo legal de multa.
“El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios viene trabajando intensamente en materia de ilegalidad. Empieza a dar frutos y sienta jurisprudencia, la que comenzará a acelerar los procesos decisorios en materia judicial y sin dudas desanimará a quienes pretendan hacer uso incorrecto de su matrícula. Estas acciones sumadas a las demandas penales que se están realizando por usurpación de Títulos y Honores tendrán su repercusión en la lucha que hemos emprendido para que nuestra profesión obtenga el nivel de respeto y profesionalismo que corresponde” manifestó Eduardo Rosta, presidente del CCPIM.