El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente, introduciendo el principio de “responsabilidad extendida del productor” e integrando en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores.
Durante la primera parte de la reunión, expusieron diversos actores involucrados en la temática que dieron su postura sobre la norma. En este sentido, Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, indicó: “Apoyamos este proyecto de ley de envases, ya que muchos de esos residuos plásticos terminan en basurales a cielo abierto o lugares clandestinos mal arrojados”.
En representación de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), Jaqueline Flores, pidió por la aprobación de la ley y enfatizó: “Queremos un sistema de reciclado con inclusión social, para los más de 200 mil cartoneras y cartoneros de la Argentina”.
Posteriormente expuso Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, quien advirtió sobre el impuesto que propone la norma del Ejecutivo y consideró que “poner una tasa no lo vemos eficiente, no queda claro en función de qué se va a aplicar esa tasa y cómo lo va a distribuir”. “Funciona mucho mejor cuando son las mismas industrias productoras las que se encargan de reciclar”, agregó.
Florencia Canzonieri, de la Cámara Argentina Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA), dijo que la posición del sector es favorable a una norma y pidió que “la ley involucre un modelo amplio, que implique el involucramiento de las empresas”. No obstante, también se manifestó en contra de crear un nuevo tributo y dijo que “la implementación requiere de entre 5 y 10 años”, diferenciada por tipo de material.
Claudio Terrés, presidente del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial Argentina (UIA), se refirió a la importancia de la economía circular: “Es una cuestión ambiental realmente importante”. “Hoy en día, en la Argentina, se reciclan un millón de toneladas de papel y cartón y se podría reciclar el doble, hay capacidad para poder crecer”, sostuvo. Sobre el texto, Terrés consideró que la posibilidad de una nueva tasa va a “encarecer los productos” y perjudicaría a los consumidores al absorber ese costo.
En representación del Poder Ejecutivo, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, defendió el proyecto y se refirió a la discusión en torno al impuesto. “Quienes no tengan aprobado un sistema de gestión, van a tener que pagar la tasa correspondiente. De lo contrario, no hay forma de financiar los sistemas de gestión municipal”, advirtió.