La normativa vigente en la provincia regula únicamente a los prestadores tradicionales, con cupos, licencias y exigencias específicas en materia de seguros, controles y tarifas. Sin embargo, el avance de las apps desafió ese esquema. Hoy, miles de usuarios recurren a ellas por comodidad, disponibilidad y precio, mientras que los choferes ven en estas plataformas una oportunidad de ingreso flexible.
El vacío legal genera tensiones. Desde hace años, los taxistas y remiseros reclaman una regulación clara que garantice competencia en igualdad de condiciones. Argumentan que ellos deben cumplir con requisitos estrictos y afrontar costos elevados, mientras que los conductores de apps operan sin estar alcanzados por esas mismas obligaciones. Por su parte, las empresas tecnológicas sostienen que ofrecen un servicio distinto, basado en la intermediación digital, y que la regulación debe adecuarse a las nuevas formas de movilidad.
En la Legislatura provincial hubo intentos de avanzar en un marco normativo, pero los proyectos quedaron estancados. La discusión gira en torno a cómo equilibrar la innovación y la demanda social con la necesidad de ordenar el sistema de transporte, garantizar seguridad al pasajero y asegurar condiciones laborales mínimas para los conductores.
Mientras tanto, el día a día transcurre en una zona gris. La Dirección de Transporte provincial ha realizado controles y sanciones puntuales, pero la masividad del fenómeno hace difícil su aplicación. Los usuarios, en tanto, continúan eligiendo las apps como una alternativa consolidada, sobre todo en horarios o zonas donde escasean los taxis.
El caso mendocino no es aislado: en varias provincias del país y en ciudades de todo el mundo se repite el mismo dilema. La transformación digital en la movilidad avanza más rápido que la legislación. El desafío para Mendoza será encontrar un modelo que combine innovación, equidad y seguridad, y que defina de una vez por todas en qué condiciones pueden —o no— funcionar las aplicaciones de transporte en la provincia.
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