En la antesala del tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de Inocencia Fiscal, las pequeñas y medianas empresas observan con expectativa una discusión que podría tener un impacto directo sobre su situación financiera y operativa. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Senado la incorporación de una serie de medidas destinadas a aliviar la presión fiscal que, según la entidad, hoy enfrenta el sector productivo en un contexto de bajo consumo, dificultades de financiamiento y creciente carga administrativa.
La iniciativa cobra relevancia en momentos en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los procesos de ejecución fiscal, embargos y aplicación de multas a contribuyentes con deudas tributarias. Para muchas pymes, estas medidas pueden traducirse en problemas de liquidez, restricciones para operar e incluso riesgos para la continuidad de sus actividades.
El reclamo de las pymes
A través de una nota dirigida a los presidentes de los distintos bloques del Senado, CAME pidió que el proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal contemple herramientas específicas para el sector.
Entre los principales planteos se destacan:
Reducción de multas: La entidad propone que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” establecido por ARCA. Además, solicita que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, la multa se reduzca en un 50%. Según la propuesta, la sanción plena debería aplicarse únicamente cuando el incumplimiento persista una vez agotadas todas las instancias de regularización.
Suspensión temporal de embargos: Otro de los pedidos centrales es la suspensión transitoria de las ejecuciones fiscales y de las medidas cautelares, incluidos los embargos bancarios y sobre bienes. Desde el sector empresario sostienen que estas acciones suelen afectar el capital de trabajo de las compañías y dificultan el cumplimiento de obligaciones corrientes, como el pago de salarios, proveedores y servicios.
Plan especial de facilidades de pago
CAME también impulsa la creación de un régimen especial para cancelar deudas tributarias de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados.
La propuesta incluye una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación y alcanzaría tanto a obligaciones vencidas al 31 de mayo como a planes de pago vigentes o caducos.
Un contexto desafiante
La solicitud de la entidad empresaria se produce en un escenario marcado por la desaceleración del consumo interno y la necesidad de recomposición financiera de numerosos sectores productivos.
Según CAME, la situación se ve agravada por las discusiones sobre una eventual reforma tributaria impulsada en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría modificar aspectos del sistema impositivo y de los costos asociados a la formalidad laboral y empresarial.
Para las pequeñas y medianas empresas, cualquier medida que incremente la presión financiera en el corto plazo podría dificultar la recuperación de la actividad económica.
Lo que está en juego
El debate legislativo sobre la Ley de Inocencia Fiscal se presenta como una oportunidad para redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes en materia tributaria. Mientras el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de cumplimiento fiscal, las pymes reclaman que la normativa contemple herramientas que permitan diferenciar entre evasión deliberada y situaciones de incumplimiento derivadas de dificultades económicas transitorias.
“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, expresó Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
El resultado del debate parlamentario será seguido de cerca por miles de empresas en todo el país, que consideran que la incorporación de mecanismos de alivio fiscal podría contribuir a preservar la actividad, el empleo y la competitividad en una etapa de transformación económica y reordenamiento de las cuentas públicas.
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