Esta semana, la Cámara de Diputados de la Legislatura mendocina, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se lo autoriza a transferir las acciones Clase C que la Provincia tiene en IMPSA. La autorización se votó afirmativamente por 27 a 17 votos.
El Gobernador puntualizó en la posición de algunos diputados provinciales “que exigen que las acciones se vendan por un precio superior al que pagó la Provincia los 5 millones de dólares” y aseguró que “esa pretensión proyecta un problema para quienes estamos involucrados en esta venta, porque no sabemos cuál va a ser la oferta y no sabemos cuánto valen esas acciones, porque la empresa tiene una deuda enorme”.
Además, Cornejo afirmó que esa condición puede llevar a que la empresa no encuentre compradores. “Nosotros necesitamos que la prioridad del Gobierno provincial y del Gobierno nacional esté perfectamente alineada en este punto, en que la empresa siga en funcionamiento, que tenga nuevos contratos”.
Al hablar sobre los puestos de trabajo en la empresa, Cornejo señaló que se busca vender patrimonio provincial sin afectar el empleo o los contratos existentes. Es más, afirmó que hizo esta salvedad porque tiene como objetivo que se sostenga la mayor cantidad de empleo, los contratos que ya se tienen y que se logren conseguir nuevos. “Ese es el objetivo en el que estamos alineados el Gobierno provincial y el Gobierno nacional”, afirmó Cornejo. “Ahora estamos más cerca de culminar el proceso”, sostuvo Juan Pazo.
Por su parte, Chaher señaló que la Asamblea ha iniciado un proceso para un concurso público internacional tras la auditoría, habilitando un data room para cuatro grupos empresarios. Aseguró también que se evaluará la idoneidad de los oferentes para asegurar una gestión adecuada de la empresa.
“A partir de la finalización del período de auditoría en el cual se habilita un data room y están participando varios grupos empresarios, en total cuatro, vamos a hacer el proceso de concurso público internacional para que puedan ejercer el derecho de presentar ofertas”, dijo, y señaló que estará habilitado por un plazo de 30 días y están tomando como referencia la reglamentación Ley Base.
De esta manera, Chaher hizo hincapié en que la aplicación de toda esta normativa “asegura un proceso transparente, plural y que permita la competencia entre los privados interesados”. Acto seguido, explicó que se realizará una evaluación muy exhaustiva donde se pondrá el acento en la idoneidad, para garantizar que los oferentes que se presentan estén capacitados técnicamente para asegurar el gerenciamiento y la continuidad de la compañía.
Además, explicó que el proceso terminará dentro de 30 días y dejó entrever que “eventualmente allí podremos estar dándoles las noticias”.
De utilidad para la etapa que viene
El Gobernador remarcó que desde el Ejecutivo mendocino “hemos venido acompañando este proceso todo el tiempo trabajando mancomunadamente la Provincia y la Nación en este intento de salvar a esta compañía”. Además, señaló que “esta compañía viene con dificultades desde el 2010.
“Esta empresa puede ser útil en la etapa que viene, y eso nos obliga aún más al Gobierno provincial a comprometernos con este proceso”, sostuvo Cornejo, y aseguró que “esta empresa nunca debió dejar de ser privada y nunca debió caer en estas circunstancias”.
Así, detalló que la empresa tiene una deuda certificada de más de 500 millones de dólares, lo que significa una dificultad enorme al ser “muy cara no solo a los sentimientos de los mendocinos, no solo es un emblema de Mendoza, de su diversidad económica, sino además que aporta empleo, trabajo, eslabonamiento con otras industrias y con otros sectores económicos muy relevantes”.
El mandatario aseguró que este proceso es prioritario para el Gobierno provincial, que se compromete a apoyarla debido a su impacto en el empleo y la economía local, ya que IMPSA tiene más de 700 empleados y la mayoría son mendocinos, “con lo cual nuestro compromiso es concreto con el proceso”.
El apoyo del gobierno Nacional
Cornejo aseguró que esta empresa debe operar bajo la lógica privada y reestructurar su deuda para obtener nuevos contratos. Asimismo, dejó en claro que la opción estatal está descartada y dijo que se requieren autorizaciones legislativas para vender las acciones provinciales, que se adquirieron con un aporte de 5 millones de dólares.
Según el Gobernador, esto permitirá que la compañía vuelva a tener contratos importantes y a producir: “Para eso es muy relevante que las acciones pasen a manos privadas y que el dueño de esa empresa reestructure su deuda y pueda conseguir nuevos contratos”. Es más, aseguró que, paralelamente a la venta de una empresa, que se da en el marco de la Ley Base y de la legislación vigente, “necesitamos autorizaciones legislativas para enajenar, vender las acciones que son propiedad de la Provincia”.
A esto le sumó que Mendoza hizo un aporte en acciones de 5 millones de dólares en su momento, por el 21% de ellas, y lo concretó por pedido del Gobierno nacional de turno. “Por eso el liderazgo del Gobierno nacional es muy relevante en esta oportunidad, ya que, en su momento, le aportó a Mendoza casi por única vez un ATN por 5 millones de dólares para comprar esas acciones”, dijo el mandatario provincial.
Cabe recordar que IMPSA exporta 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Entre sus proveedores figuran YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, Fortescue, el Ejército de EEUU, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino. El Gobierno nacional tiene 63,72% de las acciones de la metalmecánica desde la estatización de la compañía en 2021. Mendoza tiene 21,2% -cesión con media sanción en la Legislatura mendocina. El resto de las acciones se reparten entre un fondo de acreedores con 9,78% y la familia Pescarmona, que conservan 5,26%.
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