Mendoza destina más de $ 170 millones para sostener el empleo rural tras las inclemencias climáticas

En un año atravesado por fenómenos climáticos extremos que pusieron en jaque a buena parte del sector productivo mendocino, el Gobierno provincial anunció una inyección de más de $170 millones para respaldar a las unidades agropecuarias más afectadas. La medida se formalizó a través del decreto 1096/2025 y se instrumentará mediante el programa "Refuerza Mendoza", con foco en la contención laboral de trabajadores rurales.

La iniciativa apunta a productores con hasta 60 hectáreas y trabajadores registrados que, por los estragos de heladas tardías o el granizo, ven amenazada la continuidad de sus actividades. A través del programa, se otorgará un aporte mensual equivalente al 60% del Salario Mínimo Vital y Móvil por un período de tres meses, sin posibilidad de prórroga.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que la medida responde a una preocupación central del Gobierno provincial: sostener el empleo rural formal. “Sabemos que detrás de cada hectárea dañada hay familias enteras que viven de ese trabajo. Por eso diseñamos una política ágil y concreta para amortiguar el impacto económico y evitar la ruptura de la cadena laboral”, sostuvo el funcionario.

Según explicó, la iniciativa se suma a otras herramientas provinciales como el Fondo Compensador Agrícola, pero está orientada a aquellos productores que, por tamaño o tipo de cultivo, no lograron acceder a esa cobertura. “Apuntamos a dar respuestas reales, no sólo a mantener la producción sino a preservar las fuentes de trabajo en contextos críticos”, agregó.

Desde la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, su titular Emilce Vega Espinoza indicó que el programa fue diseñado “escuchando al sector productivo” y que su implementación será ágil, con acompañamiento desde las oficinas de empleo locales. “Queremos evitar burocracias innecesarias. Lo importante es que esta herramienta llegue rápido y donde más se necesita”, remarcó.

El campo, entre la incertidumbre y la resiliencia
Carlos Farías, productor de uva y durazno en Junín, fue uno de los tantos damnificados por las heladas de octubre. “Perdí el 80% de la cosecha. Si no fuera por este tipo de ayuda, no podría mantener al personal de riego y poda durante el invierno. Esto no es una salvación, pero sí un salvavidas para no cortar relaciones laborales que llevan años”, relató.

Farías ya inició el trámite de inscripción, que es gratuito, autogestionado y estará abierto hasta el 5 de junio. Las unidades productivas podrán registrar hasta 60 trabajadores y acceder al beneficio siempre que demuestren haber sido afectadas por eventos climáticos y se encuentren en estado de emergencia o desastre agropecuario según lo establece el Decreto 43/25.

En un contexto donde la rentabilidad agropecuaria se ve fuertemente presionada por el clima, los costos y la baja de precios, esta política busca no sólo proteger al eslabón más vulnerable de la cadena —el trabajador rural—, sino también apuntalar la sostenibilidad de miles de pequeñas fincas y explotaciones familiares que conforman el tejido productivo de Mendoza.