Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Angel Rodríguez, directivos y ex directivos de Fecovita, fueron formalmente imputados por estafa hoy en la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, a cargo de Juan Ticheli y ante la presencia también de Alejando Iturbide, jefe de Fiscales.
Cabe destacar que el jefe de Fiscales había reprogramado la audiencia de notificación para estar presente y poder indagar a los imputados personalmente, algo que no pudo concretar debido a que se abstuvieron de declarar.
Además, sobre Panella, Sancho e Irañeta ya pesa una imputación previa por el delito de falsear los balances de Fecovita de los años 2021, 2022 y 2023.
Carlos Aguinaga, abogado de la parte querellante, afirmó: “Es un buen paso de la Justicia de Mendoza, que demuestra que está dispuesta a investigar a los poderosos. Hoy se notificó la imputación a los 4 principales directivos de Fecovita, que habia sido dispuesta por el fiscal, por el jefe de fiscales y avalada por la juez de garantías. Sorprende que se hayan negado a declarar, sobre todo cuando habían logrado reprogramar la fecha de la audiencia y tienen tanto que explicar a los cooperativistas y a las cooperativas, en especial qué fue lo que hicieron con los 32 millones de dólares que se quedaron”.
En octubre del año pasado, la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza había decidido imputarlos por el delito de estafa de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal, que lo describe como “el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Este delito, que habría sido perpetrado contra las firmas IBERTE SRO y EVISA, tiene una pena de hasta seis años de prisión para los responsables.
En ese momento, el escrito elaborado por la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, argumentaba que “queda suficientemente aclarado que la posición Fecovita es claramente deudora, aun aplicando las cláusulas sujetas a condición, las multas y los derechos de retención producto de los contratos de consignación. Ese punto clarifica el perjuicio causado, prima facie, como otro de los elementos del tipo objetivo, más allá del ardid, del incumplimiento, y de la disposición patrimonial perjudicial del co-contratante”.
En el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos revela cómo Fecovita, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad EVISA, habría engañado a IBERTE para que invirtiera $ 3.139 millones en capital, mientras ellos tramaban una serie de maniobras para apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan.
De acuerdo con los argumentos del fiscal para resolver la imputación, los directivos de Fecovita redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que jamás se entregaron, dando así la espalda a sus obligaciones contractuales.
Para la Fiscalía, estos actos no son meros incumplimientos sino que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un plan engañoso desarrollado y llevado a cabo por los directivos de Fecovita. El avoque destaca cómo los directivos de Fecovita engañaron también a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de IBERTE. Con el pretexto de una sociedad conjunta con IBERTE, los directivos presentaron el acuerdo como una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”, apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes.
La Unidad Fiscal concluye que estos hechos configuran el delito de estafa y recomienda profundizar la investigación para esclarecer completamente las responsabilidades involucradas, reforzando así la necesidad de justicia y transparencia en el sector vitivinícola argentino.
El 7 de marzo además el Jefe de Fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, les había impuesto deberes procesales tales como la fijación de una caución, la fijación de un domicilio y obligación de acudir a las citaciones (artículo 280 del Código Penal) y la prohibición absoluta de obstruir el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, además de solicitar información sobre sus bienes muebles e inmuebles, así como los de sus familiares si correspondieren.
Qué consecuencias puede tener
Haber sido imputado penalmente acarrea un desprestigio importante, tanto para la persona como para la institución que representa. No sería raro que las relaciones comerciales de la federación con sus clientes, socios y proveedores comiencen a flaquear para evitar impacto reputacional o simplemente ante el temor de ser víctima de la misma práctica por la cual está siendo investigada actualmente.
En nuestro país funciona la Asociación Argentina de Ética y Compliance (https://eticaycompliance.org/). En la reunión del 29 de junio de 2022, la especialista española Iratxe Gurpegui, invitada para exponer sobre fraude corporativo, explicó que “el fraude y la manipulación de los estados financieros se hace por alguna razón. Muchas veces, porque se quiere esconder un tema de corrupción, como un soborno, o porque hay lavado de dinero o porque se quiere ocultar, por ejemplo, la transferencia de fondos congelados o ilegales”. Por ello, recomendó que los análisis y las investigaciones se deben hacer “con los ojos bien abiertos, porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar cuando comienza a estudiar los casos”.
Productores dudan si fueron engañados también ellos
Un productor del este mendocino, quien pidió absoluta reserva de su nombre, sostuvo que, si bien la mesa directiva cuenta con el apoyo formal de las cooperativas socias, “la situación nos preocupa desde hace tiempo y ahora comenzó a volverse insoportable. Al principio, creímos que todo era una maniobra de los españoles de Iberte para quedarse con lo que es nuestro, pero con el paso del tiempo, vemos que lo que se denunció tiene asidero y nos empezamos a preguntar si los pequeños productores no habremos sido engañados por los dirigentes de la federación”.
Es que se cree que la estafa no habría sido sólo hacia los ex socios de Iberte. El Jefe de Fiscales de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, sostuvo en el avoque de imputación que “ha arribado al grado de conocimiento inicial encontrando ´motivo bastante de sospecha´ para imputar formalmente (artículo 271 del C.P.P.) a los cuatro sindicados oportunamente según la figura del Vaciamiento de Empresa prevista y reprimida por el artículo 174, inciso 6° del C.P.” Es decir, también, se habría estafado a los propios cooperativistas socios de Fecovita.
“La primera víctima de los delitos cometidos por los empresarios es, a no dudarlo, la propia empresa. Cuando administradores y/o directivos de empresas son alcanzados por el reproche penal de conductas delictivas, el impacto reputacional de la empresa y su posición relativa en el mercado, sufren detrimentos las más de las veces definitivos. El obrar delictivo de los administradores y directivos de una empresa hace “eco”, más temprano o más tarde, en dificultades comerciales, financieras y patrimoniales que casi invariablemente sufre la empresa”, sostiene el abogado Javier Lorente, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro del Instituto Argentino de Derecho Comercial.
Antecedentes en Argentina y la región
En nuestro país, el caso más resonante de los últimos años está relacionado con la agroexportadora Vicentín. La justicia imputó a 14 miembros de la Junta Directiva y la Sindicatura de la compañía con base en Santa Fe. La investigación judicial destapó luego maniobras de falsificación de balances para disimular o esconder el verdadero pasivo de la compañía y supuestas maniobras de desvíos de fondos, entre otras.
También fue público el caso de la financiera Wenance, ocurrido el año pasado. En octubre de 2024, la Sala V de la Sala Criminal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña proceso, ordenó la prisión preventiva y trabó embargos millonarios sobre 4 ejecutivos de la Fintech.
En la región, tal vez el caso más resonante de la última década haya sido el de la constructora brasileña Odebrecht. Tras la aparición de las primeras denuncias por soborno y la imputación de los directivos de esa compañía, los casos comenzaron a multiplicarse en distintos países de Latinoamérica, afectando a Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Argentina. El valor de las acciones se desplomó y el nombre de la empresa quedó indefectiblemente asociado a escándalos de cohecho.
Tu opinión enriquece este artículo: