El subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, destacó que el gobierno de Javier Milei, junto con Cancillería y distintas áreas del Ejecutivo, logró articular un “apoyo internacional sumamente contundente” que refuerza la estrategia jurídica argentina.
Entre los respaldos más significativos se encuentra el de Estados Unidos, que por tercera vez en un año interviene a favor de la Argentina, señalando que la doctrina de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos en el extranjero contradice tanto el derecho estadounidense como el derecho internacional consuetudinario. Este apoyo bipartidista resulta clave: el Departamento de Justicia ya había manifestado su posición en noviembre de 2024 bajo la administración de Joe Biden y en julio de 2025 durante la presidencia de Donald Trump.
Otro hito diplomático fue la incorporación de Israel, que por primera vez se presenta en un caso de esta naturaleza. El gobierno israelí advirtió que el fallo en cuestión vulnera principios de inmunidad estatal y podría generar un régimen global de incertidumbre jurídica.
La lista de adhesiones se completa con Italia, Francia —que envió una carta de respaldo diplomático—, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, además de organismos como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.
La instancia clave se dará el 29 de octubre, cuando tendrá lugar la audiencia de apelación sobre la sentencia que obliga a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF en 2012.
Desde el gobierno nacional remarcan que continuarán utilizando todos los instrumentos procesales, diplomáticos y políticos disponibles para defender los intereses patrimoniales y estratégicos del país.
Impacto en Mendoza
Para Mendoza, una de las provincias clave en la matriz energética argentina, el litigio por YPF no es un tema lejano. La compañía tiene una fuerte presencia en el yacimiento de Vaca Muerta, donde empresas mendocinas de servicios petroleros participan activamente, además de mantener operaciones en refinería, distribución y estaciones de servicio que generan empleo local. Una resolución adversa que afecte el capital accionario de YPF podría impactar en su capacidad de inversión y, en consecuencia, en la cadena de proveedores mendocinos, en los puestos de trabajo y en la recaudación provincial asociada a la actividad hidrocarburífera. Por eso, el resultado de esta disputa judicial internacional no solo se mide en Washington o Nueva York: también se sentirá en la economía cuyana.
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