La auditoría en cuestión analizará todas las pruebas. Es decir, todos los contratos, documentos y antecedentes, incluidos todos los expedientes judiciales derivados de los incumplimientos que se investigan.
Carlos Aguinaga, abogado de Iberte, celebró la medida con cautela: “La aceptación a nuestra propuesta (realizada en noviembre de 2024) de someter las posiciones de las partes a una auditoría, que deberá realizar la consultora internacional Ernst & Young (“EY”), implica un primer paso importante para solucionar el problema generado por los directores de Fecovita. Esperamos que esta aceptación no sea una maniobra más tendiente a dilatar el avance de las distintas causas en curso”.
“Vemos aquí un inicio de la resolución del conflicto y confiamos que el resultado de esta auditoría no hará más que ratificar los informes y dictámenes ya emitidos por las principales consultoras internacionales y despachos de Argentina que avalan la postura de IBERTE”, afirmó.
Sin embargo, es importante destacar que la justicia penal continuará su rumbo. “Este arreglo no liberará de ninguna manera a Rubén Panella, Juan Angel Rodríguez, Jorge Irañeta, Eduardo Sancho y el resto de los imputados por los delitos cometidos ejerciendo en forma indebida sus funciones, los que deberán ser dirimidos ante la justicia penal”, aseguró Aguinaga.
Y agregó: “Los imputados deben responder penalmente por el engaño al que han sometido a los 5.000 productores, a los bancos y a los acreedores falseando sus balances, ocultando pasivos que rondan los cien millones de dólares, estafando a IBERTE, EVISA y a las cooperativas. Una vez que tengamos la resolución de E&Y, los imputados deberán asumir sus responsabilidades y las partes acordarán los plazos necesarios para afrontar la deuda, la que, en nuestro concepto, deberán prever evitar perjuicios mayores a la Federación, y proteger a los cooperativistas”.
Además, recordó que “IBERTE destinará la totalidad de lo obtenido a una fundación con el único objeto de contribuir a causas sociales y al desarrollo de la comunidad”.
Detalles de la imputación por estafa
El 25 de marzo la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza logró notificar a Panella, Sancho, Irañeta y Rodríguez de la imputación por el delito de estafa de acuerdo con el artículo 172 del Código Penal, que lo describe como “el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Este delito, que habría sido perpetrado contra las firmas IBERTE SRO y EVISA, tiene una pena de hasta seis años de prisión para los responsables.
La Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, argumenta que “queda suficientemente aclarado que la posición FECOVITA es claramente deudora, aun aplicando las cláusulas sujetas a condición, las multas y los derechos de retención producto de los contratos de consignación. Ese punto clarifica el perjuicio causado, prima facie, como otro de los elementos del tipo objetivo, más allá del ardid, del incumplimiento, y de la disposición patrimonial perjudicial del co-contratante”.
En el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos revela cómo FECOVITA, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad EVISA, habría engañado a IBERTE para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras ellos tramaban una serie de maniobras para apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan.
De acuerdo con los argumentos del fiscal para resolver la imputación, los directivos de FECOVITA redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que jamás se entregaron, dando así la espalda a sus obligaciones contractuales.
Para la Fiscalía, estos actos no son meros incumplimientos, sino que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un plan engañoso desarrollado y llevado a cabo por los directivos de FECOVITA. El avoque destaca cómo los directivos de FECOVITA engañaron también a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de IBERTE. Con el pretexto de una sociedad conjunta con IBERTE, los directivos presentaron el acuerdo como una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”, apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes.
La Unidad Fiscal concluye que estos hechos configuran el delito de estafa y recomienda profundizar la investigación para esclarecer completamente las responsabilidades involucradas, reforzando así la necesidad de justicia y transparencia en el sector vitivinícola argentino.
Cabe recordar que ya pesa una imputación previa contra algunos de estos integrantes por el delito de falsear los balances de Fecovita de los años 2021, 2022 y 2023