“Quizás, un prejuicio sobre la obra pública; o bien, el desconocimiento del marco de financiamiento en el que miles de pymes constructoras desarrollan su actividad fueron los argumentos esgrimidos por la nueva gestión para ‘abandonar’ un importante sector productivo que emplea a más de 500.000 trabajadores. Expresiones vertidas tales como: ‘no se hará más obra pública’, o ‘los emprendimientos de viviendas sociales serán convertidos en desarrollos inmobiliarios’, o ‘las obras con determinados niveles de avance deberán paralizarse’… generaron un tsunami en el sector, que se vio obligado a intentar la disminución de estructuras productivas, reducción de personal, lo que produce la ralentización de la marcha de las obras.
Si bien lo descripto es verdaderamente inédito, a este escenario se sumó un corte inescrupuloso en la cadena de pagos de certificados de obras públicas los que, en muchos casos, están pendientes o impagos desde octubre de 2023. Así las cosas, se multiplican despidos, aparecen cheques rechazados, conflictos laborales, familias de trabajadores sin contención alguna y un clima negativo en el que las expectativas reales inducen a una inminente paralización de actividad de miles de pymes a lo largo del territorio nacional y afecta también, severamente, a sus proveedores de bienes y servicios.
La Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) destaca que las empresas dedicadas a la ejecución de obras públicas compran materiales, equipamiento y contratan mano de obra con recursos propios (capital de trabajo) o, bien, recursos financieros (endeudamiento) hasta tanto pueden recuperar su inversión a través de la cobranza de los certificados. Ergo, la abrupta interrupción de pagos expuso a las pymes a una situación de inminente colapso, mediante pérdida de capital de trabajo y, en el caso de las más vulnerables, a quebranto.
Más aún; al no contar ni si quiera con un porcentaje mínimo de los recursos previstos por contrato, AFIP ya indujo a numerosos empresarios a estar afectados por disposiciones penales tributarias, lo que constituye un hecho absolutamente inadmisible.
La CPC insta a la Nación a reconocer el sentido de la obra pública, su capacidad para generar empleo de mano de obra capacitada y no capacitada, su extraordinaria aptitud de contención social, la gigante trama federal de pymes vinculadas a este sector productivo y, por sobro todo, a respetar las expresiones de campaña, en la que se explicaba con claridad que uno de los principales motivos por los que no existe inversión en el país es la inseguridad jurídica, principalmente forjada por el sistemático incumplimiento de los contratos.
A partir de esta adecuada valoración, es necesario adoptar las medidas urgentes que eviten consecuencias catastróficas para cientos de miles de familias argentinas. En este sentido, es deseo de esta organización (CPC) que la nueva gestión se consolide mediante el crecimiento y desarrollo de la actividad económica, social y cultural de nuestro país; no obstante, jamás podrá cristalizar un proyecto de esta naturaleza destruyendo a las pymes constructoras”.
*Presidente de CPC -Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina-
Vicepresidente II de Cecim -Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza-
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