Se presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que busca crear un Programa Provincial de Compactación, Descontaminación, Desguace de autos y motos (PROMECOM) que se encuentran en las playas de secuestro del Estado o que se encuentran abandonados.
La iniciativa es de autoría del Senador Marcelo Rubio en conjunto con sus pares Mercedes Rus, Natacha Eisenchlas, Alejandro Diumenjo, Diego Costarelli y Rolando Baldasso.
La ley 26348/07 establece que los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los Estados particulares, deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra. El país cuenta con un Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición final del Automotor (PRONACOM), surgido ante la necesidad de dar una respuesta a la problemática socio-ambiental generada a partir del incremento y acumulación de vehículos abandonados y/o secuestrados por las Fuerzas Federales y Provinciales en distintos puntos del país, permaneciendo abandonados en los corralones provinciales y/o municipales.
A través de este programa Mendoza pudo, anteriormente, llevar adelante procedimientos de compactación que permitieron descomprimir playas de secuestros. Pero la realidad es que la acumulación de vehículos excede la capacidad de los predios y trae consecuencias preocupantes y de peligro de contaminación medioambiental, no sólo para la salud de los habitantes en las zonas aledañas, sino también en lo concerniente a la seguridad pública.
Hoy en la provincia los depósitos de vehículos secuestrados se han transformado en verdaderos desarmadores a cielo abierto, siendo objeto de constantes hechos de vandalismo, robo, incendios.
Sobre este particular la Ley 9024 de Seguridad Vial, en su artículo 132 establece “Si se tratare de vehículos cuyo mal estado y/o escaso valor no amerite la entrega en depósito prevista en el Art. 130°, ni tampoco la venta en subasta dispuesta en el Art. 131°, transcurrido seis (6) meses desde su retención, serán puestos en depósito, a disposición del Ejecutivo Municipal o del titular de Resoluciones Viales, según corresponda, quienes deberán solicitar la descontaminación, destrucción, compactación y disposición en calidad de chatarra. Previo, deberán notificar fehacientemente por edictos al titular registral del vehículo, emplazándolo por el plazo de quince (15) días a retirarlo bajo apercibimiento de procederse a la destrucción del mismo. Los importes provenientes de la venta en subasta y/o compactación o destrucción se destinarán para solventar los gastos de mantenimiento y seguridad de las playas de secuestros.”
Ésta iniciativa pretende ofrecer una solución concreta para la disposición final de estos vehículos (tanto secuestrados por infracciones de tránsito como aquellos que se encuentren abandonados en la vía pública); a la vez que permite generar recursos genuinos derivados de la disposición final de los vehículos, que permiten subsanar los gastos generados por la estancia de los vehículos en los predios.
El espíritu de esta ley es optimizar y mejorar los recursos a través de herramientas que permitan ordenar lo que está sucediendo en los distintos predios de secuestros, con criterios unificados. Para ello se creará el "Registro Único de Vehículos Secuestrados, que se encuentren bajo la custodia y guarda de la Autoridad Pública” en el ámbito federal, provincial y municipal; permitiendo un seguimiento y control de cada unidad que se encuentre en las playas.