El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, emitió la Resolución Conjunta n.150/24 DM y n. 52/24 DPA, dando inicio formalmente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Don Luis, presentado por la empresa El Jarillar SA, en conjunto con Ampere Lithium, para la exploración de sales de litio en el departamento de San Rafael. Este proceso tiene como objetivo garantizar la evaluación integral de los posibles impactos ambientales que podría generar la actividad de exploración minera no metalífera en la zona.
“Una vez más, como ocurrió con el Malargüe Distrito Minero Occidental, estamos convencidos de que la forma de construir la licencia social en estos procesos es abriendo a la participación ciudadana”, aseguró la ministra Jimena Latorre. Además, detalló que cada una de las etapas del procedimiento ambiental, siguiendo los lineamientos de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, un tratado regional ratificado por Argentina, tienen como objetivo garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso irrestricto en asuntos ambientales.
“Hoy la autoridad ambiental minera acaba de analizar parte de la etapa del procedimiento de evaluación del informe de impacto ambiental del proyecto de exploración de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael, presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, una empresa australiana que visitamos en Perth, Australia, meses atrás, y que hoy desembarca en Mendoza para iniciar un proyecto de exploración”, señaló el director de Minería, Jerónimo Shantal.
“Es muy importante el avance de estos proyectos de exploración en la búsqueda de minerales críticos y necesarios para la transición energética, como es el litio. Para Mendoza es una noticia novedosa este tipo de minerales, ya que en general la provincia se caracteriza por la presencia de cobre, pero que el litio pueda ser otro de los minerales que tengamos en la provincia avecina una gran oportunidad”, agregó Shantal.
Por su parte, el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, aseguró: “Estamos esperanzados en que el proyecto de exploración avance y que pronto podamos tener resultados. Previamente debemos pasar por todo este proceso de análisis de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y los distintos organismos sectoriales, para que posteriormente evaluemos en conjunto con la Dirección de Minería”.
La evaluación será llevada a cabo por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo, designada por las autoridades provinciales, la cual emitirá el dictamen técnico en los plazos estipulados por la normativa vigente.
Entre las disposiciones clave de la resolución, se destaca la convocatoria a una Audiencia Pública el 25 de noviembre de 2024. Esa audiencia, de carácter híbrido, se llevará a cabo de forma presencial en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael, y de manera virtual a través de una plataforma de internet, brindando la oportunidad a ciudadanos y organizaciones de expresar sus observaciones y comentarios sobre el proyecto.
Las inscripciones para participar en la audiencia estarán abiertas hasta el 24 de noviembre de 2024 y podrán realizarse a través de los sitios de la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería de Mendoza.
La participación es libre para cualquier persona humana o jurídica, como ocurrió con la Audiencia Pública Malargüe Distrito Minero Occidental.
Además del Dictamen Técnico que deberá realizar la FCAI, habrá dictámenes sectoriales por parte de diversas entidades, incluyendo la Municipalidad de San Rafael, el Departamento General de Irrigación, la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección de Áreas Protegidas, entre otras.
El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental tiene como fin asegurar que las actividades de exploración minera se desarrollen bajo estrictos estándares de sostenibilidad y protección del ambiente, cumpliendo con la legislación provincial y nacional en materia ambiental.