Recordemos que la minería es una actividad compleja, de muchas etapas y con diferentes actores que se complementan a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Primero debe encontrarse el mineral y para ello se requieren de tareas de prospección y exploración, que pueden llevar años y décadas de inversión, tratando de conocer qué hay bajo tierra y en las montañas.
Luego, otras empresas distintas a las exploradoras, compran esos proyectos e información para seguir haciendo estudios complejos y caros, que les permitan determinar si es factible avanzar. Es decir, si ese mineral, en cantidad, calidad y con todas las necesidades operativas (extracción, procesamiento, transporte y logística, etc.) resulta económicamente rentable de ser explotado. Entonces, si los resultados son positivos, ahí se construye una mina y comienza la operación propiamente dicha.
Entre todas estas etapas, pasan muchos años. Se invierten sumas crecientes de dinero en la medida que se avanza en el mayor conocimiento del proyecto y en la reducción de su riesgo. Tengamos en cuenta que la tasa de éxito de la minería es muy baja. De cada cien proyectos, sólo uno se convierte en mina. Y a esta etapa donde se le pone cálculo económico a la geología, se le deben agregar otros dos elementos condicionantes: las regulaciones de la autoridad local y una actitud positiva de la comunidad al proyecto. Porque como dice Juan Biset, “la minería ocurre en la confluencia de tres factores: geología, normas previsibles y licencia social”.
Todo esto viene a cuenta de explicar la necesidad de no generar expectativas desmedidas y no imponer exigencias de antemano que puedan resultar un tiro por la culata. El MDMO implica muchos proyectos en etapas de prospección y exploración que demandarán servicios de geología, perforación, tecnología, transporte, logística, entre otros. Muchos de ellos, provistos por empresas que operan en el sector petrolero. Pedir de antemano preferencias para empresas locales y la exigencia de contratación de mano de obra local, puede convertirse en un compre mendocino disimulado, como el que hoy sufren muchas firmas de nuestra provincia que han tenido que radicar sus operaciones en San Juan, Neuquén o Salta. Si esos servicios no están en la provincia o si los perfiles laborales no se encuentran en Malargüe, vendrán de otras regiones, aunque no nos guste.
¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir profundizando el trabajo que se viene haciendo en materia de desarrollo de proveedores locales, con capacitaciones, procesos de certificaciones de normas, asistencia técnica, inversión en infraestructura, fomento de innovación, ayuda crediticia para planes de equipamiento, networking (redes de contacto) entre otras. A lo que se podrían agregar, exenciones provinciales o locales y programas de colaboración municipal para aquellas exploradoras que contraten empresas locales.
Y en el caso de la mano de obra, más que exigir la contratación, debería requerirse a esas empresas, un compromiso en la formación de perfiles no existentes en el lugar, mediante programas capacitadores organizados por el municipio y la provincia. Por otra parte, el pedido de un fondo específico para el desarrollo de otras actividades del municipio, es más propio de las etapas de explotación, cuando el mineral se extrae y se procesa; que es cuando se empiezan a originar ventas y por ende ingresos fiscales.
Sobrecargar impositivamente la exploración puede generar un efecto contrario, asfixiando la inversión que debe ir a su geografía para conocer cuál es el potencial mineral existente. El verdadero “negocio” para la provincia y sobre todo para Malargüe es que comience la exploración de su territorio. Que vengan esas empresas e inversiones porque son las iniciadoras de una cadena de producción y valor de largo aliento.
Tomemos el ejemplo de VALE y el proyecto Potasio Río Colorado. Antes de comenzar a operar, y que la empresa tuviera resuelto el ferrocarril a Bahía Blanca para exportar el mineral, se dictó una ley provincial por la cual se la obligó al adelanto de regalías. Con ellas se financió la ampliación del hospital de Malargüe y el campus educativo, en el edificio de la terminal de ómnibus. Esto hizo luego que en cada provincia y localidad donde debía pasar la vía férrea, aparecieran exigencias de obras que casi triplicaron su inversión prevista. Un efecto mariposa no deseado, no imputable a Malargüe, pero que terminó siendo unas de las causas por las cuales el proyecto se murió en 2013 y que hoy le hubiera cambiado la realidad a Mendoza.
No hay dudas que Malargüe debe ser el gran beneficiado por el desarrollo de la actividad minera en Mendoza. Y que los proyectos deben dejar a su territorio y comunidades, igual o mejor de cómo estaban antes de ellos y con la posibilidad de crear nuevas actividades para cuando finalicen.
Por eso no debemos comenzar con exigencias o imposiciones que por un apoyo social que puede ser efímero, o querer resolver ya mismo situaciones de larga data, terminan ahuyentando a quienes deben venir a enterrar sus dólares en el incierto juego del riesgo minero. No convirtamos la ventana de oportunidad del MDMO en el ojo de una aguja donde sea más difícil pasar. Por eso no queríamos comer el postre antes de la cena.
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