El cierre representa mucho más que una medida ambiental: es una estrategia de ordenamiento territorial, desarrollo económico inclusivo y reconversión del sistema de reciclaje local.
Desde una mirada de gestión, la clausura del vertedero se inscribe dentro de un Plan Integral de Remediación Ambiental y de transformación del modelo de tratamiento de residuos, con foco en la eficiencia, la legalidad y la dignificación del trabajo. La decisión, que cumple con la Ley Provincial N°5.970, marca un punto de inflexión para el departamento más poblado del Gran Mendoza, donde hasta hace pocos meses, toneladas de desechos seguían llegando a un predio sin control ni infraestructura adecuada.
Del cartoneo informal a la gestión cooperativa
Uno de los pilares más innovadores del proceso ha sido el enfoque en la transición laboral. Lejos de desplazar a las familias que históricamente subsistieron del reciclado informal en el basural, el municipio implementó un plan de inclusión socio-productiva que integra a más de 30 familias a las cooperativas que ya operan en el Centro Verde local. Con acceso a capacitación, equipamiento, transporte y acompañamiento social, el proceso apunta a transformar la precariedad en empleo formal y estable.
Este modelo, que articula actores públicos, sociales y técnicos (como el INTA y la Fundación ArgenINTA), se presenta como una referencia de economía circular aplicada con impacto social positivo: se deja atrás un sistema de exclusión para consolidar un ecosistema productivo más justo, eficiente y trazable.
De pasivo ambiental a activo económico
El cierre del basural también abre nuevas oportunidades de desarrollo para la zona rural de Puente de Hierro. Con la eliminación de los focos de contaminación, el municipio proyecta la reconversión de áreas cercanas hacia actividades agroproductivas, fomentando el empleo genuino y sostenible. En este sentido, el territorio deja de ser un pasivo ambiental para empezar a pensarse como un activo económico con potencial de inversión.
Además, el desvío definitivo de residuos al relleno sanitario de El Borbollón, único habilitado en el área metropolitana, mejora la trazabilidad y el cumplimiento normativo del circuito de disposición final. Paralelamente, se fortalecen los controles para evitar la proliferación de nuevos basurales y se avanza en la regulación del comercio informal de materiales reciclables, muchas veces vinculado a redes de explotación.
Un llamado a la corresponsabilidad ciudadana
Con más de 35.000 toneladas mensuales de residuos generados en Guaymallén, el desafío de sostener este cambio exige el compromiso de toda la comunidad. La separación en origen, el respeto por los circuitos formales de recolección y la participación activa en campañas ambientales son claves para consolidar una transformación que, aunque comienza con una clausura, apunta a abrir un nuevo paradigma en la relación entre ciudadanía, ambiente y economía.
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